LOS ÁNGELES (EE.UU.), 7 de octubre— Hace tres años, a miles de gazatíes que trabajaban en Israel se les revocaron abruptamente sus permisos de trabajo. El Estado sionista los detuvo en secreto, calificándolos de ilegales. Fueron encarcelados en condiciones infames, torturados y humillados. Varios fueron asesinados.
Incluyendo Cisjordania, se cancelaron los permisos de más de 140,000 palestinos. Tras el 7 de octubre de 2023, la construcción residencial en Israel cayó un 95%. La producción agrícola disminuyó un 80%.
La contradicción entre la superexplotación y el genocidio ha marcado la política sionista hacia los trabajadores palestinos desde junio de 1967. Ese año, Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza. El ministro de Defensa, Moshe Dayan, calificó los territorios ocupados como “un mercado complementario para los bienes y servicios israelíes... y una fuente de factores de producción, especialmente mano de obra no cualificada, para la economía israelí”.
Las masas de trabajadores palestinos —enfurecidos, desempleados, despojados de sus tierras y desplazados— eran una amenaza para los gobernantes sionistas. Fue prudente y rentable superexplotarlos como mano de obra barata dentro de “Israel”, al tiempo que se les excluía de la organización sindical Histadrut.
Los trabajadores palestinos siguen relegados a empleos precarios y peor pagados que los trabajadores judíos rechazan. Más de un tercio de ellos trabaja en Israel, principalmente en la construcción, mientras que contratistas ávidos de ganancias organizan el empleo ilegal de muchos más, sometiéndolos a graves riesgos y penurias.
Quienes cruzaban la frontera desde Cisjordania para trabajar en Israel percibían —y resentían— el trato de segunda clase que recibían.
En 1967, los sionistas también comenzaron a construir “asentamientos” en Cisjordania. Necesitaban albañiles cualificados para extraer y labrar la piedra, así como trabajadores de la construcción para levantar viviendas, edificios públicos e incluso los muros que los cercaban.
Los asentamientos son ilegales según la legislación israelí e internacional, pero crecen día a día. Alrededor del 11% de los palestinos empleados allí trabajan en tierras robadas a sus propias familias.
Pero, el plan sionista era expulsar a los palestinos por completo. En 1987, una huelga general contribuyó a desencadenar la primera Intifada (levantamiento). La política laboral israelí se orientó hacia trabajadores procedentes de Europa del Este, África, Asia y América Latina.
Muchos migrantes se quedaron en el país tras expirar sus visados, llegando a representar una octava parte de la fuerza laboral israelí, a quienes se sumaron refugiados de Eritrea, Darfur y Sudán. Los etnonacionalistas sionistas vieron esto como una amenaza y, como observó un sociólogo israelí: “A los migrantes se les invita a Israel solo como trabajadores, no como seres humanos”. Para 2005, la mayoría ya había sido expulsada.
Los empleadores volvieron a ver a los trabajadores palestinos como “oro humano”. Los políticos esperaban que el empleo sirviera para “apaciguarlos”.
Hasta que llegó el 7 de octubre de 2023. El número de trabajadores palestinos en Israel se acercaba a un máximo. Desde entonces, los sionistas partidarios del genocidio han prevalecido sobre aquellos que abogaban por la superexplotación.
La importación de mano de obra aumenta. En 2024, el ministro de Finanzas, Smotrich, se jactó de haber traído al país “más de 20,000 trabajadores extranjeros desde el inicio de la guerra de Gaza”. Anunció planes para reclutar entre 65,000 y 80,000 más procedentes de la India, Sri Lanka y Uzbekistán. Hoy, unos 270,000 migrantes trabajan en “Israel”.
Los trabajadores palestinos siguen resistiendo, individual y colectivamente. Resisten bajo condiciones fascistas que incluyen la violencia de los colonos judíos sumada a la represión oficial del gobierno. Resisten al genocidio, a la explotación, mayoritariamente al margen del sindicalismo formal.
“La Única Solución: Intifada, Revolución”
Una encuesta reciente realizada entre palestinos de Cisjordania y Gaza reveló un profundo descontento con el sistema político palestino. La mayoría se siente insegura. Pocos esperan ver un Estado palestino a corto plazo. Fatah sigue siendo extremadamente impopular. Hamás está perdiendo apoyo.
Pero, casi tres cuartas partes se opusieron al desarme de Hamás mientras Israel ocupe Gaza. Entre los actores regionales, Ansar Allah (los hutíes) contaban con el mayor respaldo, incluso antes de su revolución de septiembre. La mitad de los encuestados afirmó que la resistencia armada ha sido efectiva.
Solo la revolución comunista tiene el potencial de acabar tanto con el genocidio como con la explotación en la Palestina ocupada. Eso requeriría que los trabajadores palestinos lucharan por sus intereses de clase en lugar de por el “interés nacional”, y que tendieran puentes hacia los trabajadores internacionales superexplotados por los mismos patrones sionistas.
El organizar a trabajadores, soldados y jóvenes judíos en torno al comunismo puede crear las condiciones para que algunos de ellos se sumen a esta lucha. Tal como sucedió con la formación de grupos de resistencia armada en la Italia fascista y la Alemania nazi. Solo la lucha comunista logrará que aquellos educados para perpetrar genocidios vuelvan sus armas contra el Estado sionista y se unan a los palestinos en la lucha por la liberación.
Nada de esto sucederá automáticamente ni de la noche a la mañana. Nada está garantizado.
Sin embargo, la labor comunista —cada vez más audaz— de los camaradas judíos y árabes del PCOI en Tel Aviv arroja luz en medio de la oscuridad. Pedimos a todos los lectores de Bandera Roja que lo difundan por todas partes; especialmente en Palestina, con el mundo entero observando.
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